La Oficina de Impuestos de Australia (ATO) ha puesto en marcha una iniciativa para recabar datos personales y detalles de transacciones de hasta 1.2 millones de usuarios de exchanges de criptomonedas. Esta medida tiene como objetivo identificar a aquellos traders que puedan no haber cumplido con sus obligaciones fiscales relacionadas con las operaciones de activos digitales.
En Resumen:
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La Oficina de Impuestos de Australia (ATO) busca datos personales y detalles de transacciones de hasta 1.2 millones de usuarios de exchanges de criptomonedas.
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El objetivo es identificar a traders que puedan no haber pagado impuestos sobre sus operaciones con criptomonedas, consideradas activos gravables en Australia.
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Esta acción se produce en un momento de alta rentabilidad para los inversores en criptomonedas, con el aumento significativo del valor de Bitcoin, Ether y otras altcoins en lo que va del año.
Según un aviso emitido por la ATO el mes pasado, la oficina de impuestos australiana solicitará información como fecha de nacimiento, cuentas de redes sociales, números de teléfono, direcciones de billetera, tipo de monedas operadas y detalles de cuenta bancaria de los usuarios. Estos datos servirán para detectar a aquellos inversores que no hayan declarado y pagado los impuestos correspondientes a sus ganancias obtenidas por la venta de activos cripto.
A diferencia de otras monedas extranjeras, en Australia las criptomonedas son consideradas activos gravables. Esto implica que los traders deben pagar impuestos sobre las ganancias de capital generadas al vender estos activos digitales. La ATO sostiene que la complejidad del espacio criptográfico puede llevar a una falta de conciencia por parte de los inversores en cuanto a sus obligaciones fiscales, y que la posibilidad de comprar activos cripto utilizando información falsa puede resultar atractiva para aquellos que buscan evadir impuestos.
Esta acción por parte de las autoridades fiscales australianas llega en un momento de alta rentabilidad para los inversores en criptomonedas. Desde principios de año, Bitcoin ha experimentado un aumento de más del 44%, mientras que Ether ha subido un 32%. Asimismo, la capitalización del mercado de las principales altcoins, excluyendo Bitcoin y Ether, ha crecido más del 27% en lo que va del año, según datos de TradingView.
BTC, ETH, capitalización total del mercado de altcoins, YTD. Fuente: TradingView
Australia no es el único país que está tomando medidas para asegurar el cobro de impuestos cripto impagos. En Canadá, la Agencia de Ingresos (CRA) está llevando a cabo más de 400 auditorías relacionadas con criptomonedas e investigando a cientos de inversores para recuperar los impuestos no declarados. Estas auditorías se suman a los supuestos $39.5 millones de impuestos impagos que la agencia tributaria canadiense estima que aún se deben del año fiscal 2023-2024.
Por su parte, Turquía planea introducir legislación relacionada con las criptomonedas más adelante este año, con el objetivo de establecer una base legal para los impuestos cripto en el país, que se ha convertido en una de las principales economías criptográficas.
En Estados Unidos, los reguladores están considerando elevar la tasa de impuestos a largo plazo sobre las ganancias de capital al 44.6%, pero solo para aquellos inversores que ganen más de $1 millón al año. Además, la propuesta de presupuesto federal de la administración Biden incluye un impuesto del 25% sobre las ganancias no realizadas para personas con patrimonios ultraaltos.
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Según Matthew Walrath, fundador de Crypto Tax Made Easy, para la gran mayoría de las personas estas propuestas no tendrán un impacto significativo, ya que se enfocan principalmente en los inversores de alto patrimonio.
A medida que las criptomonedas continúan ganando popularidad y adoptación a nivel global, es probable que veamos más acciones por parte de las autoridades fiscales de diferentes países para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con estos activos digitales. Los inversores en criptomonedas deben estar al tanto de las regulaciones y requisitos fiscales en sus respectivas jurisdicciones para evitar posibles sanciones y asegurar el pago de los impuestos correspondientes.